Ciudad Guatemala
Luego de concluir un mitin en Palencia en el departamento de Guatemala, al ser consultada Zury Ríos por las acciones emprendidas por Sandra Torres para acallar críticas, Ríos lamentó que use así una ley que sirve para defender a mujeres que sufren maltrato.
La acción de Sandra Torres candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que denunció por femicidio a 6 editores de “elPeriódico” ha generado rechazo en varios sectores ya que se considera como un intento para callar al medio, pero principalmente por la forma en la que usa la Ley de Femicidio.
“Que no entre en la política”
Zury Ríos candidata a la presidencia por el partido Valor indicó, que es lamentable la manera en la que su contrincante Sandra Torres está usando la Ley de Femicidio para atacar a sus críticos.
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“Me parece lamentable por que es una ley que es un instrumento legal, para todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia no es para defenderse de una crítica de la prensa, los medios de comunicación tienen que tener la libertad de decir lo que quieran, los políticos somos juzgados por lo que hacemos, por lo que no hacemos y por lo que creen que hacemos, eso es parte del ejercicio quien no quiera ser criticado que no entre a la política”, dijo Ríos al ser consultada en un mitin en Palencia.
En este lugar la candidata por Valor prometió que de llegar a la presidencia estará implementando la pena de muerte, eliminará algunos impuestos además de señalar que se creará una secretaría para exmilitares.
Zury Ríos señala que se compromete a bajar los aranceles. Además de decir que los programas sociales seguirán https://t.co/JxIUFNj6NR
— Andrea Dominguez (@andread_gtv) May 11, 2019
Sandra Torres se defiende
Luego de las diversas críticas que generó la acción de la candidata de la UNE, en un mitin este sábado en Tactic, Alta Verapaz , Sandra Torres indicó que la denuncia contra el medio y los periodistas solo fue una acción por los “insultos que por 10 años” realizó contra ella “El Periódico”.
La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, asegura que sólo se defendió por 10 años de insultos de @el_Periodico y "respeta la libertad de expresión". pic.twitter.com/X942gp2b32
— José Manuel Patzán (@jmpatzan_pl) May 11, 2019
Enérgica condena
Al respecto, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa rechazaron las acciones legales “maliciosas” interpuestas por Torres que evidencian “su intolerancia a las críticas”.
Las acciones de Torres, agregó la APG en un comunicado, “no solo muestran su evidente animadversión hacia los medios críticos y su determinación a emplear de forma maliciosa las leyes para intentar censurar los comentarios en su contra, sino también la ignorancia de ciertos jueces ante la normativa nacional e internacional referente a la libertad de expresión”.
La APG recordó que las posibles faltas relacionadas a la libertad de expresión deben ser conocidas por Tribunales de Honor o de Imprenta, como lo indica la Ley de Emisión del Pensamiento.
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La asociación afirmó que la medida podría tener un efecto “amedrentador” en otros miembros de la prensa y podría instaurar un clima de autocensura; además, que los altos costos de los procesos y las multas afectarían severamente la situación económica de los medios.
Primero fue a la FECI
El pasado 5 de abril, la candidata presidencial de la UNE presentó una denuncia, también por femicidio, en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei Valdimir González, jefe y auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer dictó la medida para evitar que Torres o su círculo familiar fueran “perturbados o intimidados”.
Por aparte, en el 2014 la ex vicepresidenta Roxana Baldetti inició un proceso por violencia contra la mujer contra Zamora, por lo cual se le ordenó arraigo.
Qué dice la ley
El artículo 35 de la Constitución en el párrafo segundo estipula: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas, ataques o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, aun y cuando hubieren cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.
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