Por qué podría haber persecución penal contra empleados del Estado que cobraron el Bono Familia

El jueves 23 de julio diputados de la Bancada UNE denunciaron hallazgos en el programa Bono Familia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entre estos, el pago a empleados públicos.

Los legisladores señalaron que entre los hallazgos resalta que más de 300 empleados públicos y personas que tiene jubilación de más de Q7 mil  han cobrado los Q1 mil del Bono Familia; además, 20 fallecidos aparecen entre los beneficiado en los listados.

También en el bono a la economía informal encontraron que empleados municipales y servidores públicos con contrato 0-29, 0-22 y 0-11, como proveedores del Estado se han beneficiado.

Aunque no precisaron la cantidad, indicaron que serían varios millones de quetzales los que se habrían pagado a gente que no aplicaba entre las prioridades para estos beneficios.

Señalaron que a la fecha más de 200 mil familias que no tienen energía eléctrica no ha recibido la ayuda y no hay priorización para las que tienen niños con desnutrición, madres solteras o población con enfermedades crónicas.

Según la referida Bancada, a las fecha hay identificados 17 mil niños con desnutrición aguda, lo que muestra que no se prioriza a los grupos vulnerables.

Manifestaron que los funcionarios que cobraron los Q1 mil deben de ser destituidos.

Diputados de la UNE denuncian hallazgos serios en el programa Bono Familia del MIDES, entre estos, el pago a empleados públicos. 1/2 pic.twitter.com/rNUEtQRtz2

— Bancada UNE (@UNEBancada) July 23, 2020

Puede haber persecución penal

Respecto de los señalamientos, el Mides indicó que al momento de terminar la inscripción para el beneficio del Bono Familia aparecía una declaración de responsabilidad, en la que se preguntaba si la persona no estaba entre los criterios de exclusión, pero si esta trabajaba en el Estado y aceptaba, puede haber persecución por el Ministerio Público, porque seguramente están cometiendo una falta.

Añadió que se deben actualizar los listados que enviaron varias instituciones del Estado al momento de solicitarles la información para saber qué personas están ahora en los criterios de exclusión.

En el caso del bono a la economía informal, se indicó que es importante mencionar que la base de datos fue enviada por varias instituciones a solicitud del Mides y se les pidió listado de pensionados, personas beneficiadas con otros programas sociales y de trabajadores en los renglones presupuestados.

Además, en la ayuda al comercio popular se hace una validación de datos con Renap para saber que la persona no esté fallecida. Los listados los mandaron las comunas al Mides por medio de declaración jurada.

Señaló que son las instituciones que enviaron estos listados las que son responsables de actualizarlos si en algún momento hicieron contrataciones, pues estas enviaron los datos que actualmente se tienen en el Mides.